“Zawiyah es libre, como Misurata y Benghazi. Khadafi está loco. Su gente nos ha disparado con lanzagranadas”, aseguró para Reuters uno de los manifestantes, identificado como Mustafa. Además, confirmó la muerte de al menos siete personas durante los últimos enfrentamientos antes de concretarse la expulsión de las fuerzas afines al régimen. En el centro de la ciudad se pueden observar indicios evidentes de los enfrentamientos, como edificios quemados, coches incendiados y agujeros de bala en muchas paredes. “Necesitamos justicia. La gente está muriendo. La gente de Khadafi ha disparado a mi sobrino”, afirmó otro testigo identificado como Chawki. “Necesitamos la ayuda de gente de fuera. Nunca utilizaríamos la fuerza para hacer daño a nadie. Sólo queremos nuestros derechos civiles. Khadafi debe irse. No hay otra forma”, exclamó para la agencia internacional. Un gobierno alternativo El movimiento opositor, que domina las ciudades orientales del país, nombró al ex ministro de Justicia para que encabece la transición. Aún se desconoce el apoyo que tendría la creación de una autoridad provisional, sin embargo el ex funcionario libio –que dimitió por la violenta represión de la revuelta popular– detalló que el gobierno de transición se ocupará de preparar las elecciones. Mustafá Abdel Jalil declaró a la cadena árabe Al Jazeera que la decisión de crear un gobierno de este tipo la tomaron “los miembros de los consejos locales en las regiones del este” de Libia. Este gobierno comprendería “personalidades militares y civiles. Estaría vigente como máximo tres meses. Luego -precisó- habrá elecciones justas y la gente podrá elegir a su dirigente”. El ex funcionario de Khadafi renunció el 21 de febrero de su puesto de ministro de Justicia “para protestar contra el uso excesivo de la fuerza” contra los manifestantes en el país. Hizo estas declaraciones desde la ciudad de Al Baida, al este de Bengasi, epicentro de la rebelión contra el régimen. El viernes 25 de febrero, el pvocero de la “Coalición revolucionaria del 17 de febrero”, Abdelhafiz Ghoqa, había anunciado la creación de un consejo municipal en Bengasi, la segunda ciudad del país. Sanciones de la ONU Por unanimidad, el Consejo de Seguridad emitió una resolución que establece las bases para un proceso judicial en La Haya contra el clan del dictador libio, por la sangrienta represión que llevó adelante en los últimos días. Entre las sanciones figura un embargo de armas contra ese país, la prohibición de viajes y el congelamiento de haberes. El organismo volvió a pedir que se frene la violencia La resolución aprobada llegó 24 horas después de que los Estados Unidos y la Unión Europea sancionaran al régimen de Muammar Khadafi. La votación estuvo demorada porque la delegación china -que tiene derecho a veto por ser miembro permanente- esperaba instrucciones de Pekín para su voto. Varios embajadores habían asegurado que era improbable que China rechace la resolución. Finalmente el país dio su voto para que la resolución se sancione por unanimidad de los 15 países. El texto invoca el capítulo 7 de la Carta de la ONU, que permite el uso de la fuerza para aplicar las medidas. Es el mismo que fue usado en el pasado para desplegar misiones de pacificación y realizar operaciones militares en Irak y Somalia. Las sanciones se aplicarían, por una parte, al dictador, Muammar Khadafi, y, por el otro, a la élite gobernante del país por la represión que se cobró la vida de miles de manifestantes. Asimismo encargó a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya que investigue si las muertes ocurridas en la represión constituyen crímenes de lesa humanidad. Ese punto del debate fue conflictivo. China y algunos otros países estaban renuentes a incluir la referencia a la CPI, según fuentes de la ONU. Los diplomáticos indicaron que se llegó un compromiso para mantener la mención de la CPI en la resolución de que no se implementará de inmediato. La ONU estima que más de mil personas murieron en las protestas por la represión de las fuerzas leales a Khadafi desde que las manifestaciones a favor de la democracia comenzaron el 15 de febrero. El Consejo de Seguridad demandó un “inmediato fin de la violencia y medidas para cumplir con las demandas legítimas de la población” en Libia. Y llamó a las autoridades a actuar “con moderación, respetar los derechos humanos y la ley humanitaria internacional”. También se instó a Libia a levantar inmediatamente las restricciones “a todas las formas de medios de información”. Algunos analistas indicaron en la víspera que una eventual aprobación de una resolución que pueda terminar en un juicio contra el dictador podría llevar a que el régimen radicalice.
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